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EE.UU. se moviliza para reducir el retraso de los casos de asilo en la frontera entre EE.UU. y México.

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Published: Aug. 18, 2021 at 12:19 PM CDT
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Midland, Texas (KTLE) - El gobierno de Biden propuso el miércoles cambiar la forma en que se gestionan las solicitudes de asilo, con el objetivo de reducir el enorme retraso de los casos de la frontera entre Estados Unidos y México, que ha dejado a la gente esperando años para saber si se les permitirá permanecer en Estados Unidos.

Según la propuesta, los casos rutinarios de asilo ya no se remitirán automáticamente al abrumado sistema de tribunales de inmigración gestionado por el Departamento de Justicia, sino que serán supervisados por funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Los defensores del cambio lo ven como una forma de ayudar a los que tienen solicitudes legítimas de protección, al tiempo que permite a los funcionarios ocuparse más rápidamente de las personas que no reúnen los requisitos para el asilo o que se aprovechan de la larga demora para permanecer en Estados Unidos.

“Las personas que reúnan los requisitos recibirán ayuda más rápidamente, mientras que las que no reúnan los requisitos serán expulsadas de forma expeditiva”, declaró el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La propuesta debe pasar por un periodo de comentarios públicos antes de ser adoptada como una nueva política.

El sistema de tribunales de inmigración tiene un atraso histórico de alrededor de 1,3 millones de casos. El gobierno de Trump trató de lidiar con el tema en parte imponiendo criterios más estrictos para el asilo y obligando a las personas a buscar protección en México y Centroamérica. La propuesta del presidente Joe Biden agilizaría el sistema.

El motivo del cambio es que en los últimos años ha aumentado el número de personas que solicitan asilo con arreglo a la legislación estadounidense, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tal y como funciona ahora el sistema, las personas que se presentan en la frontera o son detenidas por la Patrulla Fronteriza y se identifican como solicitantes de asilo deben pasar lo que se conoce como una entrevista de “miedo creíble”. Un funcionario de asilo del USCIS determina si cumplen los criterios de alguien que se enfrenta a la persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Incluso si lo aprueban, su caso se remite ahora a un juez de inmigración y pueden esperar años para una resolución.

La teoría que subyace al cambio propuesto es que los experimentados funcionarios de asilo del USCIS pueden clasificar los casos más rápidamente. Las personas a las que se les deniega el asilo pueden apelar y hacer que su caso se decida en un tribunal de inmigración. Los defensores de la nueva política creen que algunas personas con reclamaciones débiles se verán disuadidas de intentarlo por la denegación temprana.

El DHS tiene previsto contratar a 1.000 funcionarios de asilo y 1.000 empleados de apoyo para hacer frente a la carga de trabajo adicional que supondrá el cambio.

Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU., había pedido anteriormente la adopción de este cambio, diciendo en un reciente artículo de opinión del Instituto de Política Migratoria que es “potencialmente un cambio de juego” que equilibraría la protección humanitaria para los elegibles con la necesidad de controlar la frontera.

“El reciente aumento de las llegadas a la frontera entre EE.UU. y México, que es el último de una serie de picos periódicos, hace que este cambio sea aún más convincente”, escribió Meissner, ahora miembro del instituto.

El porcentaje de concesión de asilo varía mucho según el país de origen y las circunstancias de la persona. Los solicitantes de Honduras recibieron la protección el 10% de las veces, mientras que la tasa para las personas de China fue del 37%, según las estadísticas más recientes de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

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