Tres mujeres de Texas son demandadas por homicidio culposo por supuestamente ayudar a una amiga a obtener medicamentos para abortar

AUSTIN, Texas (TEXAS TRIBUNE) - Un hombre de Texas cuya exesposa interrumpió su embarazo está demandando a tres mujeres que la ayudaron bajo el estatuto de muerte por negligencia del estado, el primer caso de este tipo presentado desde la prohibición casi total del aborto en el estado el verano pasado.

Marcus Silva está representado por Jonathan Mitchell, exprocurador general de Texas y artífice de la prohibición estatal de los abortos después de unas seis semanas de embarazo, y el representante estatal Briscoe Cain, R-Deer Park. La demanda se presenta en un tribunal estatal en el condado de Galveston, donde vive Silva.

Silva alega que su ahora ex esposa se enteró de que estaba embarazada en julio de 2022, un mes después de la anulación de Roe v. Wade, y conspiró con dos amigos para obtener ilegalmente medicamentos para inducir el aborto y terminar el embarazo.

Los amigos enviaron mensajes de texto a la mujer, enviándole información sobre Aid Access, un grupo internacional que proporciona medicamentos para inducir el aborto por correo, alega la demanda. Los mensajes de texto muestran que, en cambio, encontraron una manera de adquirir el medicamento en Houston, donde vivían las dos mujeres.

Una tercera mujer entregó el medicamento, alega la demanda, y los mensajes de texto indican que la esposa se autogestionó un aborto en casa.

Los acusados no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. Silva y su esposa se divorciaron en febrero y tienen dos hijas, dice la demanda.

La demanda se basa en gran medida en capturas de pantalla de una conversación grupal que la ex esposa tuvo con dos amigos que aparentemente buscaban ayudarla a interrumpir su embarazo. Sus amigos expresaron su preocupación de que Silva, su futuro exmarido, “se colara en tu cabeza”.

“Sé que de cualquier manera lo usará en mi contra”, dijo la mujer embarazada, según los mensajes de texto adjuntos a la denuncia. “Si le dijera antes, que no lo soy, lo usaría como [una forma de] tratar de quedarse conmigo. Y después del hecho, sé que intentará actuar como si tuviera algún derecho a tomar la decisión”.

“Elimine todas las conversaciones de hoy”, le dijo una de las mujeres más tarde. “No quieres que él mire a través de él”.

La demanda alega que ayudar a un aborto autogestionado califica como asesinato según la ley estatal, lo que le permitiría a Silva demandar bajo el estatuto de muerte por negligencia. Las mujeres no han sido acusadas penalmente. Mitchell y Cain tienen la intención de nombrar también al fabricante de la píldora abortiva como acusado, una vez que se identifique.

“Cualquier persona involucrada en la distribución o fabricación de píldoras abortivas será demandada hasta el olvido”, dijo Cain en un comunicado.

Las leyes de aborto de Texas específicamente eximen a la persona embarazada de enjuiciamiento; la ex esposa no es nombrada como acusada.

Silva le está pidiendo a un juez de Galveston que le otorgue más de $1 millón en daños y una orden judicial que impida que los acusados distribuyan píldoras abortivas en Texas.

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