Senado de Texas debate nuevas restricciones sobre el acceso al aborto
AUSTIN, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Los senadores de Texas debaten el lunes por la mañana sobre la posibilidad de añadir más restricciones al acceso al aborto mediante la prohibición de que los contribuyentes del Estado financien a cualquiera que proporcione ayuda para abortar.
El proyecto de ley, conocido como SB 33, fue aprobado por unanimidad en el Comité de Asuntos Estatales la semana pasada, por lo que vuelve al Senado para su consideración en pleno. Durante este tiempo, los senadores pueden proponer enmiendas al proyecto de ley y programar un tiempo para una votación final sobre el proyecto de ley antes de que se traslade a la Cámara de Texas.
El SB 33 impide que las entidades de asistencia al aborto ayuden a una mujer a abortar, y también impide que el estado utilice fondos de los contribuyentes para ayudar en la planificación logística de un aborto.
La redacción del proyecto de ley define las entidades de asistencia al aborto como alguien que aborta o alguien que ayuda a una mujer a abortar. Esto incluye ayudar de las siguientes maneras:
- Pagando o reembolsando los costes de un aborto, independientemente de dónde se realice.
- Pagar, planificar o seguir adelante con los planes de viaje para abortar, incluido el transporte, la comida o el alojamiento, independientemente de dónde se realice el aborto.
- Dar apoyo logístico durante el proceso de un aborto, como cuidado de niños o sesiones de asesoramiento sobre el aborto.
- Recoger y distribuir medicamentos abortivos.
Con el proyecto de ley SB 33, los proveedores de abortos también pasarían a definirse como “una persona que practica o induce un aborto,” lo que tiene implicaciones mucho más amplias que la ley actual. En la actualidad, la ley estatal describe a los proveedores de abortos como centros de abortos y centros quirúrgicos. La diferencia entre ambas definiciones significa que el aborto autoinducido quedaría proscrito en virtud del proyecto de ley SB 33, al tiempo que se ampliaría la prohibición del aborto más allá de los centros médicos estatales.
Una disposición diferente del mismo proyecto de ley impide que los organismos gubernamentales de Texas utilicen el dinero de los contribuyentes para proporcionar servicios de guardería, viajes, alojamiento, comida, asesoramiento o cualquier otro servicio con el fin de abortar.
Por último, el SB 33 también permite a los residentes de Texas denunciar el gasto gubernamental de dinero de los contribuyentes para abortar. Actualmente, sólo el fiscal general puede denunciar gastos similares. Según el proyecto de ley propuesto, quienes denuncien serán recompensados con medidas declaratorias, medidas cautelares, costas judiciales y honorarios de abogados.
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